Abusos; opinión de Juan Carlos Sánchez Magallán

La raza azteca llegó a amasar un imperio con más de 15 millones de habitantes, las políticas de guerra fueron innumerables, forjaron un sistema de justicia diseñado en mantener el orden en la sociedad y el respeto por las instituciones de gobierno, las leyes surgían de sus usos y costumbres y las heredaban de generación en generación; es Netzahualcóyotl “líder de Texcoco, quien escribió un código de 80 estatutos” para mejorar su sistema legal.

A diferencia de los mayas, la civilización azteca tenía un amplio sistema carcelario que acompañaba a su sistema judicial.

Con la Conquista llegó un nuevo sistema de justicia a nuestra civilización donde los reyes de España, por conducto de sus virreyes, impusieron “las encomiendas” que usó Hernán Cortés para asignar grupos de indígenas por la compensación de servicios prestados al rey, evangelizarlos y obtener los beneficios del trabajo realizado. El rey Felipe estableció la Real Carta Orden, documentos manuscritos que otorgaban privilegios. El rey Carlos III donó grandes extensiones de tierra por medio de cédulas reales (órdenes expedidas entre los siglos XV y XIX).

Así heredamos el legado jurídico español desde 1521. Consumada la Independencia, el reglamento provisional político del imperio mexicano de 1822 otorgó vigencia a leyes, órdenes y reglamentos promulgados hasta febrero de 1821.

En 1855, que se expidió la ley Juárez para suprimir fueros y privilegios a militares y eclesiásticos, fue la primera de las leyes de Reforma, aprobada como parte de la Constitución de 1857. Juárez expidió la Ley de 1856, llamada ley Lerdo, para desamortizar los bienes del clero, no los nacionalizó; sólo obligó al clero a vender sus propiedades a particulares. Asimismo, creó la ley del Registro Civil, la libertad de cultos, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios.

El Benemérito de las Américas fue un hombre de leyes, sabía que fuera de la norma, no existe cambio social ni político.

Hoy, como entonces, se justifican ajustes necesarios y cambios a la Constitución Política de nuestra República y, en consecuencia, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Establecer reglas claras a la vida política de la nación. Hoy, como Juárez en su tiempo, el titular del Ejecutivo federal sigue desterrando privilegios que heredó de administraciones pasadas. El abuso del poder público lo hemos observado en infinidad de gobernantes de todos los partidos políticos y de muchos líderes sindicales que, sin escrúpulo alguno, han usado el poder para beneficio personal y el de sus familias, muchos políticos, con frecuencia, invocan en sus discursos el combate a la corrupción como estrategia electoral.

La gente cansada de convivir en un ambiente hostil mantiene esperanzas de cambio social y económico.  Afortunadamente, vivimos en democracia, una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad.

Sin embargo, para que el pueblo ejerza esta facultad consagrada en la Constitución, se hace necesario que los ciudadanos seamos parte de las decisiones públicas y ejercerla por conducto de una democracia directa, participativa, representativa y deliberativa.

La directa, para tomar decisiones y lograr acuerdos. La participativa, para concurrir con el gobierno en la elaboración y evaluación de políticas públicas. La representativa, para formar los órganos de gobierno y elegir a nuestros representantes. Y la deliberativa, para hacerse escuchar en la toma de decisiones de “todo lo público”.

Soy un convencido de que sólo con la participación ciudadana lograremos abatir la impunidad que permite la corrupción, en consecuencia, necesario es revisar el costo de la democracia que incluye el financiamiento y transparencia del INE, el Trife, y de los partidos políticos, así como del número de escaños y curules del Congreso federal para seguir evitando abusos. ¿O no, estimado lector?

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