Alcalde de Pijijiapan, violentador de menores

  • En febrero del 2021 la primera Sala de la Suprema Corte, determinó la inconstitucionalidad del programa “Mochila segura”

Redacción/Realidades Chiapas

Fue en el 2004 durante el mandato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador y de Vicente Fox como Presidente de la República, cuando surgió el tema por primera vez del operativo “Mochila Segura”; pero fue hasta el 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón y su estrategia de seguridad, cuando éste fue incluido en el Programa de Escuelas Seguras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, con el objetivo de crear un ambiente más seguro dentro las escuelas.

Sin embargo, el 7 de febrero del 2021 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó la inconstitucionalidad del programa “Mochila Segura”, al argumentar que no cuenta con un marco legal que lo sustente, por lo que viola los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al transgredir la integridad o propiedad de los estudiantes sin un mandato judicial; eso sí, la resolución fue enfática en señalar que la inconstitucionalidad del programa, no impedía la implementación solo en casos especiales que pudieran atentar contra la seguridad de la comunidad escolar.

Y es que ahora el controvertido tema de “Mochila Segura” se vuelve a poner en la mesa, con la reciente acción del Ayuntamiento del municipio de Pijijiapan que preside Carlos Alberto Albores Lima, en donde elementos de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Prevención del Delito, llevaron a cabo el primer operativo en la Escuela Secundaria Lisandro Calderón, supuestamente tras una petición de la Directora de la institución, María Maura Flores Mendoza y de padres de familia. Con esta acción, el Ayuntamiento de Pijijiapan y el alcalde Albores Lima desafía y desatiende la resolución del máximo tribunal en el país, el cual se está llevando a cabo incluso bajo el visto bueno de la Defensoría de los Derechos Humanos; quien había manifestado su congratulación en febrero pasado en relación a la inconstitucionalidad de dicho operativo.

Vespertino/MdR

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