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Category: OPINIÓN

EL TIEMPO REAL, PARA NO TARDAR

Conforme al marco legal actual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza sus funciones de fiscalización superior sobre los recursos públicos de los tres órdenes de gobierno, una vez que concluye el ejercicio fiscal.

Se trata de auditorías ex post, y es el momento en que se dictaminan las recomendaciones, reintegro de recursos o sanciones ante los órganos de procuración e impartición de justicia.


Sin embargo, se trata de hechos consumados, y, por tanto, ya no se pueden realizar acciones preventivas, si se recuperan recursos o se sancionan a los infractores. Pero el destino que el Congreso o el Ejecutivo previeron para los recursos, no se cumplió. Lo anterior no resta mérito a las auditorías que hoy se realizan, pero hace falta que no nos tardemos tanto.

El auditor de un país central o unitario, miembro de OLACEFS ha comparado este tipo de auditorías, con hacer una autopsia, tenemos el cadáver, se encuentran las balas, se ubica al presunto responsable y se le castiga, pero los recursos para ya no sirvieron para el gasto en salud, educación, o infraestructura social que se requiere, sino a generar ahorros presupuestarios, pero los ciudadanos se quedan sin la obra o el programa que necesitaban.


Necesitamos revertir esa situación, por lo que estamos impulsando la aprobación de una Reforma, que otorgue a la ASF facultades para fiscalizar en tiempo real o concurrente. Incluso ya se analiza en la Cámara de Diputados, una propuesta para otorgar el tiempo real a la ASF. Un gran avance complementario fue la aprobación por las comisiones respectivas de ambas cámaras, prácticamente por unanimidad, de la Auditoria Digital.


Coincidentemente, la OCDE se pronunció sobre la importancia del tiempo real en la fiscalización superior como ya empieza en darse en otros países tanto federales como unitarios.

La fiscalización en tiempo real o control concurrente es una herramienta que permitirá fiscalizar mientras los hechos, actos o actividades de un proceso se están ejecutando, y busca advertir situaciones que pudieran poner en riesgo el resultado del programa o proyecto. Además, brinda oportunidad de romper círculos viciosos que pueden llevar a faltas administrativas y en casos más lamentables aún, la corrupción.


El tiempo real además fortalece la transparencia y rendición de cuentas. La facultad para fiscalizar en tiempo real permitiría que la ASF acompañe y fiscalice de manera simultanea a los entes de gobierno, en el momento de ejecución de los programas y políticas públicas, para que se eviten daños a la hacienda pública.

Un buen ejemplo de como la fiscalización en tiempo real es una buena práctica internacional, es el caso de la entidad de Fiscalización Superior de Alemania, país tambien federal que gracias a esta herramienta legal examina los grandes programas gubernamentales en cada una de las etapas, lo cual le otorgar la posibilidad de detectar deficiencias en un período temprano e informar a los ejecutores para evitar actos de corrupción.


Especial relevancia tienen este tipo de auditorías en emergencias naturales o humanas , pues permite alcanzar un equilibrio entre la respuesta gubernamental oportuna para la atención, y la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad para la fiscalizacion superior.


Otro caso es el de Perú, que cuenta con facultades para realizar la fiscalización en tiempo real, es un país centralizado con solo un orden de gobierno, lo que les permite implementar medidas correctivas a tiempo.
De ahí la importancia que tiene que el poder legislativo, siga impulsando y apoyando la reforma necesaria para que la ASF cuente con las facultades para realizar auditorías en tiempo real, no cuando ya pasó mucho tiempo, como incluso el Presidente ha señalado y muchos legisladores han planteado como una limitante legal a ser superada.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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EL TEQUIO

Numerosas comunidades se han regido, a lo largo de su historia, por sus usos y costumbres, por ejemplo, en Oaxaca hay una Ley de Usos y Costumbres.

Es una práctica que forma parte de la vida cotidiana de las comunidades, este estado tiene cerca de una cuarta parte de los municipios del País, 417 de los cuales se rigen por sus usos y costumbres, basados una participación ciudadana a través del trabajo voluntario, “pagado” con el reconocimiento de su comunidad, incluso se ha llegado a considerar el tequio una expresión reconocida para el pago no monetario de sus impuestos locales.

El tequio se rige por las leyes comunitarias. además de normar su vida cotidiana, impacta en la organización del trabajo social, como una constante modalidad de cooperación, derivada de sus usos y costumbres.
No podría ser de otra manera, los ciudadanos de una comunidad indígena o no indígena, cuentan con obligaciones y compromisos al servicio de la sociedad a la cual pertenecen.

A la obligación de realizar jornadas de trabajo para el mantenimiento y construcción de obras públicas o introducción de nuevos servicios como educación, electrificación, caminos rurales, agua potable, entre otras, se le conoce como Tequio. Incluso algunas constituciones estatales señalan al tequio como una expresión de solidaridad, tal como lo expresa, la de Oaxaca que en su artículo 12 señala que: “Las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad indígenas.

Los tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales; la ley determinará las autoridades y procedimientos tendientes a resolver las controversias que se susciten con motivo de la prestación del tequio”.


La palabra Tequio deriva del náhuatl tequito que significa trabajo o tributo. Su origen se remonta a la Colonia, para el pago de los diezmos y tributos destinados a la construcción de templos y hospitales; esta práctica se ha preservado como una obligación moral de quienes han nacido en sociedades particulares dentro de ese estado. Se le considera un trabajo comunal obligatorio y no remunerado. “La organización del tequio la establecen las autoridades municipales, con el consenso ciudadano. Trabajar en el mismo otorga prestigio ante la comunidad; en cambio su incumplimiento puede detonar sanciones” y hasta expulsiones.


Es a partir de esta institución como se ha logrado construir en las comunidades, buena parte de la infraestructura hoy existente, como servicios comunitarios de agua, luz, caminos rurales, lo cual se puso en marcha de manera oportuna, gracias a la colaboración ciudadana. Los recursos estatales y municipales, particularmente estos ultimo son limitados, sabemos que su uso muchas veces ha sido objeto de corrupción, pero solo la organización ciudadana en torno al Tequio ha logrado construir grandes proyectos optimizando el uso de esos recursos con transparencia y eficiencia.


La existencia de esta práctica milenaria, no significa que los tres órdenes de gobierno se desentiendan de sus obligaciones, ni de la transparencia en su gasto, sobre todo en los estados del sureste. donde se concentran los municipios, la población rural e indígena.


Se ha dado el tequio, con un grado intenso de participación ciudadana voluntaria y colectiva, en programas como Lluvia, tequio y alimentos o Atajar el Agua a como de lugar, que hicieron emerger otras figuras de participación ciudadana como la contraloría social, a fines de los años ochenta y principios de los noventa. bruno

davidpau@yahoo.com.mx

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LA DEUDA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Una de las razones que explican el crecimiento de la deuda de las entidades federativas en los últimos años es la caída de sus ingresos recurrentes en términos reales, lo que inevitablemente se tradujo en mayor endeudamiento; incentivado además porque la única alternativa que se les ofreció en los momentos más duros de la crisis, fue la de mecanismos aparentemente novedosos para seguirse endeudando, incluso mencionando que no se trataba de deuda pública y que no se sumarían a la deuda ya existente.


Además del débil potencial recaudatorio de las potestades tributarias con que hasta hoy cuentan los Estados, sus ingresos se vieron disminuidos por la contracción del crecimiento económico de esos años.

Haciendo un ligero repaso: en 2009 las participaciones cayeron cerca de 54 mil millones respecto a lo estimado, en 2010 se recuperan respecto a la estimación derivada de la Ley de Ingresos y en 2011 y 2012, volvieron a quedar por debajo de lo programado, entre 11 mil y 12 mil millones de pesos. Esas caídas fueron compensadas con el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (el FEIEF).

En 2009 con 24 mil millones aproximadamente y un crédito asociado al mismo promovido por hacienda, le llamaron Potenciación del FEIEF, de 19 mil millones, el cual se pagó totalmente. En 2009 se compensaron los ingresos disminuidos hasta donde las reglas de operación del FEIEF lo permitieron, mientras que en 2011 y 2012 fueron compensadas las caídas al 100 por ciento.


No obstante, el FEIEF, las participaciones apenas alcanzaron en diciembre de 2012, su nivel real anterior a la crisis financiera; y entonces la crisis financiera aquí se transformó en crisis fiscal.


Pero además algunas entidades fueron sumamente afectadas por el cambio de fórmulas para la distribución de participaciones -que hoy se distribuyen en relación a la población domiciliada-.

A pesar de que su implantación fue gradual, ya que permaneció fija la distribución de diciembre de 2007 y en 2009 la recaudación nominal llegó a estar por debajo de la del 2008. Conforme avanza el tiempo el nuevo coeficiente afecta a un porcentaje mayor de las participaciones, lo cual se ve impactado por el efecto suma cero.


En la medida que crezca la recaudación nominal, por crecimiento económico, mejora administrativa o inflación, el coeficiente de las entidades federativas perdedoras se irá reduciendo por el mayor peso dentro del total del incremento nominal sobre el nivel de diciembre de 2007. Esto ya ha afectado a varias entidades, principalmente a Tabasco, la Ciudad de México y Campeche, entre otras.

De 2009 a 2012, dejaron de recibir en promedio 25 mil millones de pesos derivados de los llamados excedentes petroleros, lo que sumaría cerca de 100 mil millones menos; además de que desde que se implementó la desaparición del Impuesto a la Tenencia y su posible clonación estatal, los gastos fiscales deprimieron los ingresos estatales por este impuesto, que llegó a recaudar 27 mil millones por año.


Al depender las entidades federativas en casi 95 % de las transferencias federales y tener como garantía además de participaciones sus ingresos propios, una de las salidas a las que acudieron para tener más recursos fue la del endeudamiento público.


Actualmente, de acuerdo con el último informe trimestral de deuda, esta asciende a 604.4 mil millones de pesos. Pese a la pandemia su crecimiento en los dos últimos años fue de 3,189 mil millones, con lo que se han frenado los incrementos de los años anteriores, esto derivado a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la cual implemento un manejo de deuda con una semaforización en donde a la fecha no existe un estado en semáforo rojo.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES

Los desastres naturales son fenómenos de la naturaleza que impactan fuertemente a las personas, principalmente a los más pobres, a los municipios y comunidades con índices de marginalidad, a la infraestructura como los caminos rurales, a la economía regional, a la salud y a la educación y por consiguiente al empleo y al desarrollo económico. En suma, Impactos fuertes en materia de vivienda, monumentos históricos como en el Istmo de Tehuantepec e infraestructura carretera, en el caso de los huracanes.


Por ejemplo, cerca de la mitad del impacto de los desastres entre 1999 y 2018, fueron en el sector carretero, la mitad en municipios de alta marginalidad; tres quintas partes de los 700 municipios declarados en desastre por sismos en 2017 presentan grado de marginación alto y muy alto; el costo anual de los desastres más costosos, se dio en los años de 2010, 2013 y 2017.


México ha sido castigado por la naturaleza con todo tipo de desastres naturales, claro el tamaño del impacto se debe a las condiciones de pobreza de la gente y por ello, somos víctimas de todo tipo de los mismos.

El costo de la inundación en Tabasco en 2008, fue de alrededor de 3,000 millones de dólares, hubo investigaciones importantes como el estudio de las características e impacto socioeconómico de las lluvias extremas de ese año y se interrumpió el fortalecimiento de la infraestructura para evitar las inundaciones. Hoy estamos viviendo este problema nuevamente en ese estado, tan castigado fiscalmente por el cambio de fórmulas de distribución de participaciones de 2008. Además, lo más importante es la pérdida de vidas y retrasos en la reconstrucción, entre otras cosas por los pari passus a los que obligaba las reglas del FONDEN y que por ejemplo no considerabas las pandemias y epidemias, como ya incluimos en la auditoría que coordina la ASF con países de América Latina miembros de OLACEFS.


Por otro lado, se ha dado una geografía nacional de los desastres, mas focalizada en los estados del sur-sureste, Como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz entre otros, hasta sumar 16, a los que se les dificulta la reconstrucción por los pari passus.
El FONDEN se creó en 1996, pero se aplicó a partir de 1998, el cual fue presentado a los secretarios de finanzas estatales en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en San Carlos en el estado de Sonora.
La estructura del pari passu fue regresiva; la aportación municipal llegó a 70 por ciento en algún momento, y para los estados de 60 por ciento, lo que se igualó en 2001, al 50–50.


Al no poder aportar sus pari passus se recurrió primero a la simulación de mandar recursos federales de alguna secretaría como comunicaciones y transportes que finalmente se convertían en la aportación estatal al Fondo, en las declaraciones de desastre los gobernadores más influyentes incluyeron municipios no afectados y finalmente se crean en BANOBRAS los llamados “bonos cupón cero”.
Créditos muy costosos para los estados, dadas las condiciones y que se dijo que no eran deuda, pero no se pueden salir y han sido más costosos que un crédito con la banca comercial, a decir de algunos de ellos. Así el FONREC ha dispuesto de 19 mil millones de pesos, su saldo es alrededor de 12 mil millones y sus plazos han sido de 20 años, para que los nietos los terminen de pagar.


En el futuro sin el FONDEN, el uso de los recursos por la vía presupuestal será más ágil, se elimina aparentemente lo cual es positivo la aportación estatal y será más ágil la fiscalización superior al revisar su ejercicio de manera más transparente por una tramitología menos complicada para quienes tienen que trabajar localmente en la reconstrucción.


Fuentes oficiales han señalado que el FONDEN cuenta con 6 mil millones de pesos, y arrastra pasivos por 21 mil.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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BIG DATA Y ÉTICA DIGITAL

Es indiscutible que el uso de datos y su análisis en grandes volúmenes, lo que se ha llamado Big Data, ha traído grandes ventajas y ha constituido una herramienta sumamente útil en distintos ámbitos de la vida humana; sin embargo, a veces se deja de lado a la ética en los ámbitos novedosos vinculados con el desarrollo tecnológico como este o el de la Inteligencia artificial, olvidando que toda tecnología debe guiarse siempre por principios y valores éticos.


La recopilación, gestión, análisis y utilización de datos, no es ni puede ser ajena a la ética. Como ustedes saben, en los últimos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha comenzado a utilizar herramientas de Big Data y su analítica para potenciar los efectos benéficos de los trabajos de auditoría. Estos instrumentos han contribuido a procesar de manera más ágil, útil y expedita la gran cantidad de información que genera el ejercicio de un presupuesto nacional de más de 6 billones de pesos anuales.


Además, nos han permitido tomar mejores decisiones respecto a la planeación y ejecución de nuestras auditorías, potencializando los resultados y el impacto de la fiscalización de recursos públicos, ya que a partir de ellos podemos inferir relaciones, establecer dependencias y predicciones de resultados, y comportamientos. Asimismo, ha permitido instrumentar novedosos mecanismos digitales para sistematizar la información que se genera en los repositorios de información sobre las auditorías que practicamos.

Ante la generalización del uso de estas nuevas herramientas que nos brindan las tecnologías de la información, en la ASF estamos convencidos de la importancia de acompañar el uso de datos en la actividad auditora de una política de ética de datos.


Por ello, esta semana se realizó un taller de capacitación e intercambio de buenas práticas con expertos internacionales de las entidades de fiscalización superior de otras naciones que han dado pasos equivalentes en esta materia, como lo son Perú, Finlandia, Reino Unido, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda; así como expertos en la materia de la OCDE.


En el taller se subrayó la importancia de que los marcos reguladores de la ética de datos a nivel internacional complementen los ya existentes en las prácticas auditoras, pues su objetivo debe orientarse a que los servidores públicos involucrados en el manejo de datos en el entorno digital desarrollen su actividad con integridad; pero su efectividad requiere tener una base de gobernanza de datos a nivel institucional.

Dentro de los ponentes destacados estuvo, la Maestra Tytti Yli-Viikari, Auditora General de la Oficina Nacional de Auditoría de Finlandia (NAOF), quien participó en la mesa denominada “La ética de datos y la protección de la privacidad” y destacó que en cualquier circunstancia se debe guiar el comportamiento por códigos de ética; siendo que en el caso de las entidades de fiscalización aplican los principios de integridad; independencia y objetividad; competencia; comportamiento profesional, y, confidencialidad y transparencia.


Asimismo, la OCDE compartió el trabajo que están realizando para fomentar las buenas prácticas en esta materia; por ejemplo, se creó un grupo de trabajo con la misión de desarrollar una guía práctica orientada a la acción para el uso ético de datos en el sector público.


Estamos convencidos que nuestra labor fiscalizadora requiere de potencializar el uso de datos y de nuevas tecnologías, pero siempre acompañado de una política ética para el uso apropiado y responsable de los mismos. Por ello es importante tener en cuenta los elementos que la ética nos aporta para atajar los desafíos responsablemente y brindar a la sociedad los beneficios que los datos pueden darle, sin sufrir sus potenciales efectos negativos.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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FEDERALISMO Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Hay dos temas presentes en la agenda pública, el del federalismo fiscal y el del ámbito de la fiscalización superior.


Es ya sabido que desde 1980 se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consolidado por los Convenios de Adhesión que firmaron los gobernadores y el jefe de gobierno del DF, con lo cual además de desaparecer la “jungla fiscal”, se dejaron en suspenso las facultades recaudatorias más relevantes de las entidades federativas, para que las administre el gobierno federal, tarea que hoy realiza con buenos resultados el SAT.

Se pretendía eliminar la doble o múltiple tributación, mejorar la eficiencia de un sistema recaudatorio nacional, al centralizar la recaudación tributaria y disminuir la disparidad en la distribución del ingreso nacional entre las entidades federativas, con el fin de darles sino iguales, más equitativos niveles de bienestar a los ciudadanos de los estados y el DF, a través de un sistema nacional de participaciones con criterios redistributivos, y compensar la desigualdad generada por un modelo histórico de desarrollo, que fomentó la desigualdad al concentrar las grandes inversiones en el norte del País.

Se avanzó en 1990 cuando se crea una fórmula con criterios redistributivos en base a la distribución de la población domiciliada, con mecanismos de compensación para los estados menos ganadores. Formula que fue producto de la participación de los funcionarios fiscales estatales de todos los gobiernos del orden local, quienes en un consenso mayoritario aprobaron esas fórmulas que redujeron los indicadores de desigualdad en la materia y que fue aprobado por la Cámara de Diputados en pleno en 1990.


Dicha fórmula incluía estímulos al esfuerzo recaudatorio local en predial y agua, así como en la dinámica de los impuestos especiales, tenencia e ISAN. Hoy se repite aquello en la Nación, en un momento en que la oportunidad del clima político permita los consensos, como en las cuatro convenciones pasadas.


En cuanto a la fiscalización superior, facultad exclusiva de la Auditoria Superior de la Federación, ayer tuve oportunidad de ser invitado a la inauguración de la LXV reunión de la Comisión Permanente de Contralores de los Estados con la Secretaria de la Función Pública.


Buena posibilidad para que las entidades públicas encargadas del control interno, que nos invitaron a su evento, y la ASF a través del control externo, compartan visiones complementarias en el ámbito de sus competencias, para que los recursos públicos beneficien efectivamente a los grupos vulnerables de la sociedad y se incremente la confianza popular en las instituciones que combatimos la corrupción.

En términos históricos, la función y el valor social de la fiscalización superior está claramente vinculado con la salvaguarda del correcto ejercicio de los recursos públicos. De hecho, la fiscalización superior ha sido parte de la historia de nuestro sistema político, desde el primer texto constitucional de 1824.

Con las reformas constitucionales de 2015, la ASF amplio su responsabilidad exclusiva para auditar los recursos federales transferidos: las aportaciones y las participaciones.

Recientemente con el valioso apoyo de los diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias, se aprobaron por unanimidad, las auditorías digitales, con el uso del buzón digital y el sistema de control, administración y fiscalización de los recursos del gasto federalizado (SICAF-ASF), que será la plataforma nacional administrada por la ASF, con el reconocimiento de vanguardia por instituciones como el Banco Mundial y la OCDE, así como en el ámbito de OLACEFS e INTOSAI.

Por David Colmenares Páramo

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