Democracia: Opinión de Juan Carlos Sánchez Magallán

La democracia es una forma de organización social del Estado donde las decisiones colectivas el pueblo las adopta mediante mecanismos de participación directa o indirecta y que confieren legitimidad a sus representantes. 

Dicho de otra manera, es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía y éste lo delega y mandata a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Así, los sistemas parlamentarios son parte de la gobernanza de las sociedades organizadas en estados-nación. Representan la voz de los ciudadanos en los recintos congresionales, son parte fundamental para lograr y preservar la democracia. 

El Día Mundial de la Democracia ayuda para evaluar su funcionamiento y más en esta época de aislamiento por la pandemia, sobre todo por la pérdida de confianza a las instituciones políticas, los partidos políticos y sus representantes camerales, pues responden, las más de las veces, a los intereses de grupo, dejando de lado la de los ciudadanos que los eligieron. 

Por ello, tienen la obligación de legislar sobre los asuntos de la “cosa pública”, predicando con el ejemplo, siendo garantes de los procesos democráticos, debiendo ser fuertes transparentes, responsables y representativos en sus funciones y propósitos; para ello gozan de las garantías de inviolabilidad, autonomía reglamentaria, presupuestal y funcional. 

El sistema parlamentario mexicano es bicameral, se integra por diputados y senadores electos por los ciudadanos y su influencia parlamentaria se mide por el número de escaños y curules ganadas, así se integran los grupos parlamentarios que, en alianza con las diversas fuerzas políticas, constituyen uno de los tres poderes de la nación consagrados en la Carta Magna que, a su vez, fija los límites a la división del poder como principio organizativo de la administración pública federal. 

De esta manera, se dan los equilibrios del poder constitucional para rectificar y corregir al otro, en el caso de intromisión de competencias jurisdiccionales. 

Los congresistas mexicanos tienen la obligación de vigilar puntualmente el cumplimiento de los acuerdos, convenios y tratados internacionales, sobre todo en asuntos comerciales y de derechos humanos y, de esta manera, vincular las cuestiones nacionales con las globales. 

Una vez más se comprobó el gran error de haberles entregado a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas a puestos de elección popular, en contra del mandato constitucional expresado en el artículo 35, fracción II: “Son prerrogativas del ciudadano: poder ser votado a todos los cargos de elección popular”. En la práctica, no se obedece. 

El resultado es evidente: los partidos están formados o acuden a pandilleros de barrio para asegurar votos, pero éstos, a la hora de asumir cargos, ni siquiera saben el significado de la función a desempeñar y les importa poco o nada su comportamiento. Piensan en sí mismos, jamás en el papel y menos cuando se sientan en la curul o el escaño. 

En nuestra sociedad existen cientos de ciudadanos distinguidos, en su oficio, en su profesión, son idóneos para ser representantes populares. 

Nuestro país tendrá una reforma al sistema electoral de fondo que habrá de revisar las funciones del INE para que genere mayor certidumbre y sus decisiones estén sustentadas en la legalidad, objetividad e imparcialidad y, además, racionalizar el uso de los recursos públicos en la organización de los comicios; además de sancionar actos electorales previos de los pretensos candidatos a la Presidencia. Usará “urnas electrónicas” en futuras elecciones; regulará la propaganda gubernamental e impondrá un sistema de sanciones sustentadas en los criterios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, un tema fundamental, evitar el uso de redes sociales para lanzar guerras sucias por medio de bots, pues comprobado está que se pagan cantidades millonarias en pautas para denostar y difamar a los contrarios. Ya es tiempo, ¿o no, estimado lector? 

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