Mujeres (I): Juan Carlos Sánchez Magallán

Las mujeres han luchado durante siglos por la emancipación de sus derechos, pues, de tener el nivel de esclavas en la vieja Roma, de simples objetos en la Grecia o sólo de utilidad sexual en el Medievo, lograron igualdad en las leyes y prácticamente los mismos derechos y obligaciones que tenemos los hombres en casi todos los Estados-nación del mundo, con excepción de algunos. Esto no ha sido cortesía, dádiva o consideración alguna para ellas. Simplemente es el resultado del esfuerzo y valentía que millones de ellas han realizado para lograr mejorar, generación tras generación, el estado de cosas. Mucho se ha hecho, sin embargo, falta mucho por hacer.

La titular de la Fiscalía de Justicia de la CDMX, doctora Ernestina Godoy, me invitó a un conversatorio con legisladores y distintas especialistas de colectivos sociales para construir una iniciativa de reforma al tipo penal de violencia familiar, bajo los parámetros del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2021 fue el año que presentó las cifras más altas en feminicidios, homicidios dolosos y presuntos delitos de violencia familiar consecuencia de la pandemia, favoreciendo la impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres y las graves violaciones a sus derechos, colocándolas en una situación de mayor riesgo en su doble victimización.

En el diseño, resulta pertinente citar la debida diligencia, esto es para valorar el comportamiento de las autoridades estatales en el terreno estructural, en la modificación profunda de las causas de violencia contra las mujeres y no sólo en las acciones encaminadas a abatir sus consecuencias, pues las obligaciones del Estado en caso de violencia contra las mujeres deben incluir procedimientos, mecanismos judiciales y legislación, para evitar los actos de violencia cotidianos.

Así, la obligación de garantizar la investigación y recopilar estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres es necesaria para evaluar la eficacia de las medidas actuales en la prevención, sanción y eliminación de actitudes patológicas, resultado de la educación patriarcal, todavía imperante en nuestra sociedad, para formular e introducir los cambios necesarios a la legislación actual; de ahí la necesidad de interpretar quiénes son las principales víctimas, quiénes son las principales personas agresoras, qué podemos hacer para atender adecuadamente el volumen de investigaciones por el delito de violencia familiar, cuál es la proporción entre el número de carpetas de investigación respecto del número de ministerios públicos, peritos, policías de investigación y jueces que judicializan e imponen penas, para complementar la cadena de justicia. La obligación del reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación es, sin duda, uno de los grandes desafíos para el Estado mexicano, pues no todas tienen acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la mayoría de estos en la impunidad perpetua que lacera y agravia al todo social.

Por ello, no se puede subestimar la importancia de una debida investigación, ya que las fallas suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar, procesar y castigar a los responsables, éstas deben llevarse a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial y estar orientadas a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan la identificación de los autores del delito para su posterior juzgamiento y sanción, enfatizando que el Estado puede ser responsable por no ordenar cómo practicar o valorar pruebas que puedan ser fundamentales para el debido proceso y esclarecimiento de los hechos. ¿O no, estimado lector?

Vespertino de Chiapas

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